El lunes compareció ante la Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Alava el Diputado de Hacienda José Zurita. Era una comparecencia largamente esperada. A lo largo del mes de septiembre el gobierno de Javier de Andres había dado señales de no saber que hacer ni con las cuentas de la Diputación ni con los impuestos, de modo que todos esperábamos que el Diputado de Hacienda aclarara el panorama y comenzara a plantear propuestas concretas.
Sin embargo no hubo prácticamente propuestas, y las pocas que hubo fueron realmente preocupantes.
El Diputado de Hacienda nos dijo que la crisis económica debían pagarla los ayuntamientos, que no saben que hacer con los impuestos y que renuncian de modo expreso a la iniciativa política, conscientes de que no tienen mayoría en las Juntas Generales ni capacidad para alcanzar acuerdos que la garanticen.
En su segundo turno de intervención, y aprovechando que no cabe opción de réplica, el Diputado de Hacienda desgranó una serie de falsedades en relación a la situación de las arcas forales, pretendiendo responsabilizar al Partido Nacionalista Vasco de los problemas de tesorería que, al parecer, sufre la Diputación Foral de Alava.
Mintió el Diputado de Hacienda, al manipular datos con el único objetivo de eludir su propia responsabilidad. El gobierno presidido por Xabier Agirre dejó un remanente en las arcas forales de aproximadamente 68 millones de euros. Si la Diputación Foral de Alava tiene problemas de tesorería es porque su Diputado de Hacienda no está gestionando bien las cuentas y deberá explicar como lo está haciendo.
Quizás lo que ocurre es que el Partido Popular ha tomado la decisión política de aplicar serias restricciones en las políticas sociales y la única manera de que la opinión pública lo acepte es justificarlo aduciendo problemas presupuestarios. Eso explicaría porque el día 1 de septiembre el propio Diputado de Hacienda compareció diciendo que el gobierno del PNV había realizado una política rigurosa desde el punto de vista presupuestario y apenas un mes después acusa al mismo gobierno de ser el causante de un agujero en las cuentas forales de 98 millones de euros.
No hay agujero presupuestario, lo que hay es una decisión política del gobierno foral del Partido Popular de realizar políticas restrictivas en materia social, tal y como adelantó la Diputada de Servicios Sociales Marta Alaña, pretendiendo además que esas restricciones afecten esencialmente tanto a nuestros ancianos y ancianas como a las asociaciones que trabajan en el ámbito social.
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