El 9 de junio de 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó los recursos interpuestos por las Diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, confirmando las decisiones de la Comisión Europea según las cuales las ayudas que se han venido denominando “vacaciones fiscales” son ayudas estatales incompatibles con el mercado común.
Para entonces la Diputación Foral de Araba había recuperado de las empresas afectadas aproximadamente 78 millones de euros.
Tras esta decisión, el Consejo Vasco de Finanzas acordó, en fecha 14 de octubre de 2011, y por unanimidad, considerar las cantidades recuperadas como “ingresos sujetos a reparto a partir de 2012”. Este acuerdo se adoptó por unanimidad.
